Le llegó la hora al nuevo municipalismo

Hoy  te hablo, Nicolás, de los indecentes tutelajes y chantajes que las élites de los partidos vienen ejerciendo  sobre los ayuntamientos  desde el restablecimiento  de la democracia. Estamos en las puertas de unas elecciones municipales y es muy conveniente poner las cosas en su lugar.

En concreto, me voy a referir a los ayuntamientos del mundo rural que son los que más conozco, aunque lo que te voy a contar, también afecta y tiene consecuencias en otros municipios con más población.

A los ayuntamientos en cuestión, se les obliga a arrancar cada año con unos presupuestos  para inversiones de CERO EUROS  y,  a partir de ahí, las corporaciones que quieran alguna ayuda para inversiones,  se las tienen  que suplicar de rodillas  a los que gobiernan las CCAA -es donde se reparte la mayor parte del pastel- y a las Diputaciones, que son las que se  han arrogado la facultad de decidir desde arriba qué inversiones municipales son pertinentes y cuáles no  y a qué municipios se las conceden y a quienes se les deniegan.

Me explico:

Los ayuntamientos, como cualquier entidad, tienen sus propios ingresos y gastos fijos o habituales. Los ingresos fijos provienen de sendos fondos del Estado y de las CCAA y sus porcentajes se establecen en función del número de empadronados. También se obtienen a través de  los impuestos municipales (vehículos, contribuciones…). Existe un tercer paquete de ingresos que sin tener la consideración de fijos, son  habituales, tales como los provenientes de los cotos de caza, rentas de tierras e inmuebles de titularidad municipal, subastas de madera etc. Las tasas son tema aparte, porque sus cuantías van destinadas a sufragar el coste de los servicios prestados. Los gastos habituales de los municipios, me excuso de enumerarlos, por ser más conocidos por todos

Ocurre, sin embargo, que los citados ingresos, apenas dan para sufragar los gastos del mismo tenor.  Los municipios medianos y grandes  no sólo no compensan sus gastos con sus ingresos, sino que presentan grandes deudas, motivadas principalmente por las burocracias despilfarradoras e innecesarias que tienen montadas en sus corporaciones. Los pequeños, sin embargo, se suelen administrar con una austeridad y un sacrificio ejemplarizantes y gracias a ello, consiguen mantener un equilibrio entre ingresos y gastos; aunque a duras penas. 

Pero  la razón de ser de los ayuntamientos, Nicolás, no es la de subsistir por subsistir, sino la  de procurar todo el bien común posible a la ciudanía que representan. Y, para ello, precisan disponer de dinero para inversiones en obras, infraestructuras, servicios, mantenimiento, etc. Sucede, no obstante, que como los ingresos habituales percibidos se los tragan en su totalidad los  gastos ineludibles, pues no pueden destinar un solo euro para inversiones a la hora de hacer los presupuestos y, por lo mismo, tampoco pueden fijar a priori  los objetivos y  prioridades de cada ejercicio. Pese a todo, en el capítulo de inversiones los ayuntamientos incluyen unas cuantías, porque así lo establece la ley, pero son cantidades puestas al tuntún y sin conocer cuál va a ser su destino, ya que las corporaciones no pueden saber de ante mano, si van a conseguir alguna subvención o no, ni su cuantía, ni si serán para las prioridades que se han marcado.

Para que los ayuntamientos pudieran hacer unos  presupuestos mínimamente serios en inversiones, sería imprescindible que supieran de ante mano de qué dinero van disponer para ese objetivo; pero eso no lo permite el aberrante sistema de ayudas graciables establecido. Esta injusta situación se eliminaría de un plumazo, tan pronto como existiera autonomía económica municipal, porque cada ayuntamiento sabría de antemano de qué recursos económicos disponen y en función de ello, qué tareas puede abordar. Es lo que prometían garantizar las fuerzas políticas desde el inicio de la democracia y, además, que la materializarían con urgencia a través una profunda reforma de la Administración Local que, desgraciadamente, treinta y siete años después todavía seguimos esperando. Y para mayor desfachatez, lo que nos hacen ahora, es una contrareforma que deja a los municipios pequeños, y no tan pequeños, literalmente mutilados.

Y es que estas élites políticas casposas que nos vienen gobernando, amigas de sí mismas y de sus parientes y correligionarios, que no de la ciudadanía, nunca han tenido la voluntad de sacar adelante esta reforma. Lo más cerca que estuvieron de abordarla fue  siendo Jordi Sevilla ministro de Administraciones Públicas, en  el Gobierno de Zapatero. El ministro llegó a preparar un gran proyecto de Ley, que garantizaba la autonomía económica municipal, pero no pasó siquiera  el primer corte del Consejo de Ministros y, casualidad o no, lo cierto es, que fue cesado a los pocos días. En realidad quien primero se opuso -¡asómbrate, Nico!- fue la esbirra y amarilla Federación Española de Municipios y Provincias

La razón de fondo de no querer acometer la reforma de la Administración Local, se debe  a que a los dirigentes políticos que gobiernan las CCAA y las Diputaciones les viene como anillo al dedo el  sistema caciquil de ayudas y subvenciones graciables para inversiones que tienen establecido y que Jordi Sevilla se cargaba radicalmente en su proyecto, porque entendía –y es así- que les otorgaba a las CCAA y Diputaciones un poder omnímodo, arbitrario, tutelado y chantajista (sic) sobre los ayuntamientos,  al ser dichos dirigentes políticos, quienes  deciden a quienes se les conceden las ayudas y a quienes, no y para qué, sin más vara de medir para otorgarlas o denegarlas, que el color político de los municipios solicitantes y el grado de sumisión y seguidismo que acrediten hacia  el partido que las concede, sin importarles un comino todo lo demás. Así de putrefacto y denigrante es, Nico, el sistema de ayudas graciables para inversiones municipales que tienen montado estos casposos gobernantes.

 

Es la hora del nuevo municipalismo.

Me dirás, amigo, que si las cosas son así de arbitrarias,  de poco vale presentarse a las elecciones y  de esforzarse en hacer un buen programa municipal y fijar acertadamente las prioridades, si luego quedas a merced de los que gobiernan las CCAA y las Diputaciones, que harán lo que les venga en gana. Aunque en apariencia llevarías razón, sin embargo, si analizamos bien las cosas, hemos de llegar a la conclusión de que hay más razones que nunca para presentarse a estas elecciones municipales; entre otras, las siguientes:

1ª) Hemos entrado de lleno en una situación nueva en la que, quienes nos  han venido gobernando, cuentan con el rechazo mayoritario de la gente, que se debe, esencialmente, a su manera de funcionar tan alejada de la ciudadanía y de sus intereses reales y de unos procederes chulescos, prepotentes, arbitrarios y llenos de injusticas, que ofenden a la gente y que esta ya no los soporta. Trasladando el discurso al tema que estamos tratando, los dirigentes de las CCAA y de las Diputaciones, que tantos chantajes y arbitrariedades han cometido con los ayuntamientos con el reparto graciable de los dineros, ya no están en condiciones de hacer lo mismo ( para ti, sí, para ti, no y parta  ti, sólo un poquito) porque esos procederes castosos ya no cotizan, sino que están absolutamente descreditados y será prácticamente imposible que los puedan seguir aplicando, a poco  que las corporaciones con las que quiera cometer una arbitrariedad, la denuncien ante la ciudadanía que representan y recaben su apoyo activo.

 2ª) Llegadas las cosas al punto que han llegado, los ayuntamientos pequeños tienen que seguir reclamando a través de un frente común, o como sea,  la supresión de las medidas mutiladoras que han tomado contra ellos. Y no solo eso, sino demandar que se haga de una vez por todas la Ley de la Reforma de la Administración Local, que acabe con el podrido y mafioso  sistema de las ayudas y subvenciones graciables y se les otorgue por ley a los ayuntamientos la autonomía económica necesaria para que puedan sacar adelante  sus proyectos de inversiones y su prioridades sin estar a merced de los de arriba.

3ª) Entre tanto se consigue el punto anterior, empezar a hacer un municipalismo completamente nuevo, basado en el apoyo directo y permanente de la gente hacia los ediles, para lo cual  estos han de entender, a su vez, que no están por encima de nadie, sino que los ayuntamientos y sus propuestas y gestiones en concreto, son simples herramientas al servicio de la ciudadanía que representan, por lo cual, habrá que cuidar como oro en paño en adelante, la interrelación e implicación mutua entre los ediles y la gente; especialmente, cuando desde arriba se quiera cometer alguna injusticia o arbitrariedad contra los intereses del municipio de que se trate. En los nuevos tiempos que hemos entrado se pueden conseguir mucho mejor las cosas  con una ciudadanía implicada y dando respaldo a los ediles,  que andando de rodillas implorando por los despachos de las CCAA y de las Diputaciones, a los que habrá que seguir yendo, pero erguidos y repletos de dignidad.
La vieja escuela de hacer municipalismo está políticamente agonizando, merced al rechazo generalizado de la gente hacia las arbitrariedades  y abusos de los de arriba y los sistemas que han montado para conseguirlo; pero eso no quiere decir, que los viejos partidos renuncien a dar los últimos coletazos y a presentar candidaturas de su viejo cuño; sin embargo, a sus ediles no les quedará más remedio que ponerse a la altura de los nuevos tiempo si las candidaturas de los partidos nuevos emergentes practican un municipalismo diferente desde la ciudadanía y con la ciudadanía; no sólo debatiendo, haciendo propuestas en la casalugar y gestionándolas arriba, si no llevando también los problemas a la propia ciudadanía y recabando su apoyo cuantas veces sea necesario. Si ante esta tesitura,  los ediles de los partidos viejos quieren abandonar el decadente municipalismo, hasta ahora imperante, de componendas, pactos secretos a espaldas de la gente y sumisión hacia los de arriba, pues mucho mejor, y si no, peor para ellos.