La corrupción política en las instituciones públicas, Nicolás, se da por doquier y por partida doble. Por una parte, la que llamamos popularmente meter la mano en la caja y, por otra, la de prebendas, enchufismos y tratos de favor que se conceden los propios políticos así mismos y a los suyos, que también son corrupción, aunque hasta ahora la amparen con leyes y decretos injustos.
Por lo general, la corrupción de meter la mano en la caja, la ilegal, no se practica desde las instituciones legislativas (parlamentos), sino desde las instituciones ejecutivas (gobiernos de la nación y autonómicos y ayuntamientos), que es donde se ventilan acuerdos, adjudicaciones, contratos y otras muchas actuaciones que mueven mucho dinero público. Cuando las negociaciones y acuerdos se dan entre dos partes privadas no cabe el robo y el soborno, dado que cada cual tiene que defender sus intereses, pero entre una parte pública y otra privada cabe siempre, porque el dinero público no es propiedad de ninguna de las partes, pero puede serlo de ambas si se ponen de acuerdo para apropiárselo a través de las tapaderas que existen.