Medidas contra la corrupción (2). Las instituciones públicas,lugar adecuado para robar

La corrupción política en las instituciones públicas, Nicolás, se da por doquier y por partida doble. Por una parte, la que llamamos popularmente meter la mano en la caja y, por otra, la de prebendas, enchufismos y tratos de favor que se conceden los propios políticos así mismos y a los suyos, que también son corrupción, aunque hasta ahora la amparen con leyes y decretos injustos.

Por lo general, la corrupción de meter la mano en la caja, la ilegal, no se practica desde las instituciones legislativas (parlamentos), sino desde las instituciones ejecutivas (gobiernos de la nación y autonómicos y ayuntamientos), que es donde se ventilan acuerdos, adjudicaciones, contratos y otras muchas actuaciones que mueven mucho dinero público. Cuando las negociaciones y acuerdos se dan entre dos partes privadas no cabe el robo y el soborno, dado que cada cual tiene que defender sus intereses, pero entre una parte pública y otra privada cabe siempre, porque el dinero público no es propiedad de ninguna de las partes, pero puede serlo de ambas si se ponen de acuerdo para apropiárselo a través de las tapaderas que existen.

  Para que los cargos públicos puedan delinquir no es suficiente con hallarse en el lugar apropiado, sino que precisan, además, otras coberturas para su latronicio que, desgraciadamente, en España las tienen. Necesitan que la política sea muy opaca, que lo es a más no poder, y tener cobertura legal suficiente para que sea difícil cazarlos, que la tienen de sobra. Y. por si acaban siendo descubiertos, también precisan de un código penal descafeinado contra la corrupción que les evite la cárcel por esta causa o que si tienen que entrar en ella, sea por el menor tiempo posible, que es como está ahora. En este contexto tan favorable para la delincuencia política, es de pura lógica suponer que los ladrones del dinero público son muchísimos más de los que han sido descubiertos y que a estas piaras de sinvergüenzas sólo se les puede descubrir y meterles mano con severas medidas anticorrupción.

Corruptelas y prebendas que son también corrupción

Más allá de lo que digan las leyes, Nicolás, para mí es corrupción, que los cargos elegidos coloquen después a dedo a una pléyade de correveidiles de su partido y de la familia, llamados asesores o cargos de confianza, que pagamos entre todos los contribuyentes. Las administraciones ya disponen por ley de un organigrama de cargos de libre designación (Directores, Secretarios, Gerentes etc) mucho más amplio de lo que debería ser para dirigir la acción pública y cuentan, asimismo, con plantillas de empleados públicos adecuadas para realizar el conjunto de las tareas de cada administración; por lo cual, no se qué puñetas pintan estos asesores o cargos de confianza puestos a dedo.

Igualmente considero corrupción, los privilegios que los políticos electos y los gobiernos de las tres administraciones se vienen otorgado así mismos para cuando cesen en el cargo: planes de pensiones, prolongar el cobro de sus emolumentos, liquidaciones millonarias, despachos consultivos con asesores y otros conceptos, todo ello, reitero, tras dejar el cargo y costeado con el dinero de los contribuyentes. ¡Qué vergüenza!

Y corrupción es, asimismo, crear empresas públicas, organismos, entes o como se les quiera llamar desde la política, alredor de actividades y tareas que tienen ya asignadas las administraciones públicas. Estos entes que tanto han proliferado de la mano de políticos sin escrúpulo de las CCAA, diputaciones y grandes ayuntamientos, suponen un escandaloso despilfarro, al pagar por dos sitios las mismas tareas con dinero público. Y no menos escandaloso es, que los puestos de estos entes se otorguen a dedo, enchufando sin el menor rubor a los allegados del partido, familia y amigos.

Vergonzoso e intolerables es, por último, que sean los propios organismos públicos quienes se fijen sus propios sueldos y sus incrementos.

En fin, Nicolás, se me quedarán más corruptelas e inmoralidades legales en el tintero, pero creo que con las expuestas ya te puedes dar una idea del barrido que se necesita hacer en la política de este país.

Propuestas:

1) Considerar la corrupción como el delito más repugnante y vil de todos cuantos robos quepa cometer y establecer la tolerancia cero contra la misma.

2) Todos los acuerdos de las instituciones públicas, así como los expedientes de los contratos de obras y otros similares, deberán estar colgados en Internet desde el mismo momento que se hagan para que puedan ser conocidos por la ciudadanía.

3) Se colgará en Internet, asimismo, la declaración de la renta y el patrimonio de todos los cargos electos en el conjunto de las instituciones, incluida la municipal y de todos los puestos de libre designación que, a su vez, serán controlados por el mismo organismo independiente que se cree para controlar la actividad de los partidos

4) Cese de cualquier cargo público sin excepción desde el momento mismo que haya sido imputado, teniendo la posibilidad de volver al puesto si sale absuelto antes de que acabe la legislatura en que fue elegido. Los cargos condenados en firme por delitos de corrupción no podrán volver a ostentar nunca más cargos públicos. Eliminar la inmunidad parlamentaria y condición de aforado en todos los parlamentos. Es una absoluta inmoralidad, que los cargos públicos tenga más protección que el resto de los ciudadanos para comparecer ante la justicia.

5) Las faltas y delitos fiscales no prescribirán hasta pasados veinte años, a fin de que no puedan escaparse los corruptos, por haber prescrito el delito como ha ocurrido ya en casos bien sonados. Todos los puestos de responsabilidad del Tribunal de Cuentas deberán ocuparse por personal profesional, cesando a todos los políticos, que por asignación, están ocupando ahora un puesto. Dicho Tribunal, deberá dotarse de los medios técnicos y humanos necesarios para auditar las cuentas sin ningún tipo de demora.

6) Prohibir todo privilegio o prebenda a los representantes públicos cuando cesan en el cargo. Asimismo, suprimir en todas las instituciones los puestos de confianza o asesores.

7) Las subidas salariales de los cargos públicos y los de libre designación no podrán acordarse por los mismos organismos a los que estos pertenecen y se fijarán en los presupuestos generales con los mismos criterios que los que se apliquen a los funcionarios de la administración en la que desempeñan su actividad política

8) Eliminación en el plazo de un año de todos los entes, organismos o empresas paralelas que se hayan creado indebidamente, es decir, para realizar tareas y actividades que son competencia de las administraciones públicas.

9) Introducir en el código penal severas medidas, que podrían ser de entre uno y tres años de cárcel por cualquier vulneración de las medidas anticorrupción que se tomen. Si implica sustracción de dinero público, las penas deberían ser al menos de uno a tres años por cantidades de entre 1.000 y 10.000 euros y aumento progresivo de las mismas hasta la cantidad de 50.000 euros, a partir de cuya cuantía, la pena de cárcel sería la máxima permitida por el código penal, sin que se pueda redimir pena en la cárcel por ningún concepto hasta que no se haya devuelto el dinero robado.

Me queda, Nicolás, la reforma de la ley electoral y establecer topes de tiempo de permanencia en los cargos, que no sólo son medidas imprescindibles y urgentes para mejorar sustancialmente la mala calidad de la democracia que tenemos, sino también para combatir la corrupción, como traté de demostrarte en la siguiente carta.