No nos pise, Sr ministro

Si has leído, Félix, las últimas declaraciones públicas con las que nos ha obsequiado José Blanco, verás que su deseo de cargarse los municipios con menor población y de echarle la espalda a las necesidades de la España interior, no dejan lugar a dudas.

Primero declara, que habría que suprimir pequeños municipios, ya que muchos de ellos -dice- no hacen otra cosa que limitarse a atender sus gastos corrientes. Y cuatro días después, vuelve a abrir el pico para manifestar: que no se puede gastar dinero en infraestructuras y servicios que no sean rentables, adelantándonos al respecto, que está haciendo ya un plan para cerrar varias líneas de ferrocarril.

No se si el ministro ha hecho sendas declaraciones, porque le falte tanta frente como nariz le sobra, o si las ha efectuado siendo consciente de lo que significan. Pero lo cierto es que sus pretensiones, de materializarse, no sólo supondrían un desmantelamiento de los municipios con menor población, sino también un revés de consecuencias irreparables para las necesidades de infraestructuras y servicios de la España interior y la puntilla para sus comarcas rurales.

Los ayuntamientos andan mal de recursos económicos y los menos poblados al borde de la bancarrota; eso es cierto, pero también lo es, que se debe a políticas ajenas a los propios municipios, cuyos culpables son al cien por cien los principales partidos políticos y sus dirigentes, uno de los cuales es el Sr. Blanco.

Me explico: La pésima financiación municipal de nuestro país, que es casi tres veces inferior a la media de los países europeos de más tradición democrática (en España se destina a los municipios un 14% del dinero total que se otorga al conjunto de las instituciones, frente al 33% en Europa), priva a los municipios de medios para hacer su propia política y establecer sus prioridades. Desde el inicio de la democracia nos vienen prometiendo los principales partidos una ley de financiación municipal para solucionar el problema, pero treinta años después, todavía seguimos esperándola. Y esa ley no la sacan, porque no les interesa, ya que les quitaría a los dirigentes políticos las posibilidades de control y chantaje sobre los municipios, que ahora ejercen con su sistema de ayudas municipales tureladas y graciables desde las CCAA y las Diputaciones, que conceden, menguan o deniegan, según afinidades, sumisiones, intereses electorales etc. y sin que los ayuntamientos puedan decidir el destino de dichas ayudas.

Si los pequeños municipios dispusieran de financiación suficiente y, por ende, de autonomía para hacer su propia política, se les podría criticar y hasta sancionar a los que no hicieran más cosa, que atender sus gastos corrientes. Pero si están así, es por culpa de los dirigentes políticos de las CCAA y Diputaciones, gobernadas casi todas ellas por el PSOE del Sr. Blanco y por el PP. El propio ministro y los dirigentes de su partido son, pues, culpables de estar llevando a los pequeños municipios deliberadamente al estado de coma -no son rentables electoralmente- y ahora, en vez de reconocer su culpa, pedir perdón y recuperarlos, pretenden aprovechar su agonía para ponerles una inyección letal y de paso, utilizar los cadáveres ante Bruselas, ante los mercados y ante la opinión pública como una acción necesaria para adelgazar la administración, mientras que no la tocan por arriba y por el medio, que es por donde está el cáncer del despilfarro, de los asesores y organismos innecesarios, que implicaría -y eso les jode- desalojar a muchos miles de amigos enchufados por ellos mismos dedocráticamente.

La declaración cuatro días después, de no apoyar infraestructuras y servicios que no sean rentables, sólo se puede explicar por alguna de estas tres razones: pérdida de juicio, gran cara dura o insuficiente inteligencia. También puede ser una mezcla. Ciertamente, que si no se atienden las tremendas carencias de infraestructuras y servicios de la España interior, el Estado y sus CCAA se ahorrarían una auténtica millonada todos los años y cierto también, que para imponer una política tan salvaje les vendría bien disolver los ayuntamientos en los pueblos, a fin de que estos no pudieran defenderse de sus atropellos.

Pero no se si habrá caído en la cuenta el Sr. Blanco, que el atropello que pretende, choca frontalmente contra la constitución, contra las actuales leyes aprobadas por su propio partido y contra las actuales directivas europeas. No es, pues, descartable, que las declaraciones las haya podido realizar en un estado de enajenación mental transitoria. También podría ser que el PSOE hubiera utilizado al más rudo de sus dirigentes para lanzar un globo sonda a ver qué acogida tienen.

Contra la constitución, porque es en ella donde se reconoce el derecho a que todos los ciudadanos tengan unas infraestructuras, unos servicios y unos derechos sociales equivalentes, con independencia del lugar donde se viva. Además es la propia constitución, y por ley orgánica, la que impone el deber de acabar con los actuales desequilibrios entre unos lugares y otros.

Contra la propias leyes aprobadas por su partido y, en concreto, contra los planes de desarrollo rural sostenible a nivel del estado y de las CCAA aprobados en el 2007, en los cuales se apuesta por un conjunto de medidas transversales para el mundo rural (de infraestructura y servicios varias de ellas) a fin de atajar los citados desequilibrios, fomentar el desarrollo, mejorar la calidad de vida rural y combatir la despoblación, reconociendo, incluso, el derecho a aplicar la discriminación positiva.

Contra las directivas europeas, que abogan por todo lo expuesto en el punto anterior y que tienen planes de ayuda para las áreas rurales más desfavorecidas de diversos países, entre ellos España.

En fin, Félix, que no venía mal traer a colación estas asalvajadas declaraciones del Sr. Blanco, ya que atañen por completo al tema que nos traemos entre manos. A la siguiente hablaremos de cómo ir preparándonos, para que pretensiones como las del ministro, no se implanten nunca.