Un gran análisis para
la reflexión de mi amigo andaluz y antropólogo, Isidoro Moreno, a propósito del
tema de Cataluña. Qué palo a tantos y tantas cabezas cuadradas, que se
posicionan desde las vísceras y no desde la reflexión y el análisis. Así nos va.
Este es el artículo:
"Hoy he escuchado a Rajoy que
sólo lo que es legal es democrático. La cuestión me parece muy importante, no
por el personaje que la ha planteado sino porque mucha gente tiende a pensar
eso mismo.Y hacer equivalente uno y otro concepto es muy peligroso, además de
falso.
Ha habido y existen leyes claramente
antidemocráticas (incluso las dictaduras y las tiranías montan su legalidad) y
prácticas democráticas que no están respaldadas por ninguna ley o que, para
hacerlas posible, es preciso desbordar el marco legal. La legalidad no puede
ser un fetiche al que se sacrifiquen la legitimidad y los derechos
irrenunciables, tanto individuales como de los pueblos. Y esto es también
válido referido a las constituciones, que no son otra cosa que el resultado
jurídico de la correlación de fuerzas en cada momento histórico.
Es esto lo que explica que la CE del 78
, la "ley de leyes" como la llaman algunos cursis, posea aspectos que
son, sin duda, una herencia del franquismo: la sacralización de la
"unidad" e "indivisibilidad" de España, la monarquía, la
bandera, el papel del ejército, el especial tratamiento a la iglesia católica,
el no reconocimiento de la plurinacionalidad del estado...
Como tiene otros aspectos que fueron una
concesión de los franquistas reconvertidos a la oposición política
"respetable" (PSOE, PCE y nacionalistas vascos y catalanes de
centro-derecha) a cambio de rehusar a la lucha por la "Ruptura" y a
la aceptación de la "Reforma" (del régimen franquista): la
legalización de los partidos y sindicatos, el parlamentarismo, la inclusión del
término "nacionalidades" (aunque sin explicitar su significación), la
afirmación de una serie de derechos (aunque sin establecer cómo se
garantizarían estos)...
Fue una transacción vigilada de cerca
por las entonces denominadas "fuerzas fácticas", que sirvió para que
el Sistema (económico-social) se mantuviera y expandiera con el amparo de un
Régimen (político) de democracia de baja intensidad, basado en el bipartidismo
de la alternancia, que frenó las reivindicaciones populares y las aspiraciones
nacionales y tenía las características mínimas para ser homologado por Europa
(a cambio, también, de poner nuestro territorio a disposición de la OTAN y
nuestros mercados a disposición de las grandes corporaciones trasnacionales) .
Como toda transacción, la constitución hoy todavía vigente fue producto de un
contexto histórico determinado y por ello la pretensión de eternizarla, si
acaso con solo algunas pequeñas reformas, es vana.
Ahora, que desde Catalunya se ha roto
aquella transacción (que esto es a lo que llaman los profesionales de la
política y el 99% de la prensa "el desafío catalán") y su parlamento,
de forma mayoritaria, ante la imposibilidad de un referéndum de
autodeterminación negociado con el estado español, ha ido más allá de lo que la
constitución contempla, se hace evidente que ha quebrado aquel ideal de
"transitar desde una legalidad a otra legalidad distinta a través de la
ley" (que es como, según los idealizadores de la "Transición" se
habría hecho hace ahora cuarenta años, ocultando el enorme déficit democrático
de la nueva legalidad, es decir de la constitución).
Ha sido el propio PP, con el apoyo
entusiasta del PSOE y de otros acólitos secundarios, quien ha hecho imposible
la transición desde un estado uninacional y autoritario a un estado
plurinacional y más democrático. Por ello el modelo político ha quebrado.
¡Parece mentira que ante el cierre total de esta posibilidad ahora tantos se
escandalicen porque en Catalunya se hayan "atrevido" a desbordar la
legalidad vigente y a establecer una legalidad propia, a la que se le podrán
poner muchas objeciones pero que emerge de la mayoría de su Parlament!
Más allá de los múltiples interrogantes
que podemos plantearnos, este es el quid de la cuestión. Y debería ser el eje
respecto al cual posicionarnos quienes no somos catalanes (el decidir sobre su
futuro les corresponde a ellos, como pueblo-nación) ni somos nacionalistas
españoles, defensores de la "España una, grande y libre" (libre para
que decidan libremente sobre ella, según convenga a sus intereses, las grandes
empresas, los banqueros y sus cómplices políticos)."
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