EL GOBIERNO DE LA JCCM TIENE LA OBLIGACIÓN INEXCUSABLE DE QUE EL SERVICIO PÚBLICO DE ACCESO A LOS HOSPITALES NO SE SUPRIMA NINGÚN DÍA

Apoya con tu firma para que no se suprima ningún servicio de viajeros y menos  aún Sanitario

Garantizar los Servicios de Trasporte Público para el acceso diario a los hospitales de Guadalajara y Madrid es un deber exclusivo  e inexcusable del gobierno de Castilla-La Mancha, que el paisanaje de la Comarca de Molina no podemos consentir que nos falte un sólo día. 

Dicho gobierno castellano-manchego tiene el deber de que no quede suprimido  ni un sólo día este acceso, con independencia de cuándo y cómo se resuelva el Servicio  Regular de Viajeros Madrid-Valencia con  la Empresa  adjudicataria IRB. E, igualmente, si no se resuelve el conflicto con la misma.   

He leído la postura pública del Ayuntamiento de Molina de Aragón reclamando que restablezca con urgencia el citado Servicio Público  de Viajeros y la iniciativa de La Otra Guadalajara de recogida de firmas on-line  exigiendo lo mismo que el Ayunto de Molina. Ambas acciones me parecen justas y urgentes y las apoyo plenamente

He visto también, que unos y otros resumen los trastornos tan graves e intolerables que causan a la gente y, más aún, a una Comarca como la de Molina que padece un envejecimiento tan grande de su paisanaje y una despoblación tan severa.  Igualmente he visto, como todo el mundo, el nuevo calendario de servicios de la empresa IRB de Madrid-Valencia, que deja de prestar servicios los lunes, martes, miércoles y jueves y sólo los presta los viernes y domingos ,pensando en la gente que se mueve de un lugar para otro a pasar los fines de semana. 

EL GOBIERNO DE LA JCCM TIENE EL DEBER INEXCUSABLE DE QUE EL SERVICIO PÚBLICO A LOS HOSPITALES NO SE SUPRIMA NINGÚN DÍA 

Ambos escritos mencionan este problema sanitario, pero adolecen, a mi juicio, de no ponerlo como el problema esencial que tiene que estar garantizado todos los días con el actual Servicio Regular de Viajeros o al margen del mismo entre tanto se solucionan los problemas con la actual empresa. Y si no se puede resolver el conflicto, eso no puede servir de excusa, en absoluto, para que la JCCM, no siga garantizando diariamente, y por en cima de todo, el servicio público a los hospitales. La salud de la gente es lo primero y, en esta Comarca, hay mucha gente mayor que no tiene otro medio de ir al hospital que la de subirse a un autobús.

No creo que a estas alturas haya quien no sepa, que la Sanidad es deber exclusivo de la JCCM, que es quien tiene trasferida esta competencia a todos los efectos y, sobre su gobierno hay que cargar todos los errores o desatenciones sanitarias que se cometan y a quien hay que pedirle responsabilidades si hubiera lugar. 

Tampoco creo que haya nadie que ignore, que el  coronavirus ha dejado a todos los hospitales con muchas tareas de cirugía, de diagnósticos,  de supervisiones etc, pendientes, que les obliga  a trabajar a destajo para ponerse  al servicio de la salud de los propios pacientes, que ya llevan demasiado tiempo esperando;  máxime, cuando lo más probable es, que vuelvan  nuevos rebrotes del virus que obliguen de nuevo a dedicarse a los mismos con total prioridad. 

En este contexto, sí o sí, el trasporte público a los hospitales no se puede suprimir ni un sólo día y la JCCM es la única institución que tiene la obligación ineludible de garantizarlo.

Insisto: No estoy minimizando las iniciativas del Ayuntamiento de Molina, ni de La Otra Guadalajara. Al contrario, me parecen muy bien, muy oportunas y necesarias y las aplaudo. Sólo pretendo enfatizar más el aspecto sanitario que, a mi entender, no lo habían dejado suficientemente resaltado.

Por lo demás, decir que el Ayunto de Molina por mucho que esté luchando su alcalde, que lo está, no puede resolver por sí mismo la tarea y, en tanto que Presidente de la Común y también por ser el  municipio que preside el primero  y único que hasta ahora está dando la cara, tiene  el derecho y hasta el deber de lo siguiente:

Tiene el derecho y el deber legal y moral de pedirle a todos los ayuntamientos de la Comarca que se mojen y se impliquen directamente, y de convocar a un representante de todos y cada uno de los Ayuntamientos de la Comarca en la Sala Cultural de San Francisco que reúne las condiciones de espacio adecuadas  a pesar de los deberes del virus y que allí, conjuntamente, decidan el camino a seguir y las tareas a realizar tanto de gestión como de movilización ciudadana en su caso. Y si no, ahí tienen el Cerro de Santa Lucía que es espacio abierto y no se podrá decir que no hay espacio sobrado, para guardar la distancia requerida entre cada persona, ni que ahora no haya mascarillas suficientes.

Así mismo, el Delegado de Servicios de la Junta tiene una importante obligación que cumplir al lado de los ayuntamientos, que doy por supuesto que así lo hará.  

En principio, es deber conjunto del gobierno de la Nación y del gobierno de Castilla-La Mancha exigir y resolver favorablemente  y con urgencia el conflicto creado por la empresa de Viajeros. Pero, sea cual sea la solución del conflicto el gobierno de la JCCM, no puede permitir  que esta Comarca de Molina sufra otro revés demográfico más, que sería ya del todo imposible revertir, dado el proceso imparable de despoblación severa que padecemos. Y, como ya he reiterado, tiene la obligación exclusiva e inexcusable de garantizar que a a las gentes de esta lejana y envejecida comarca no les falte ni un sólo día el acceso a los hospitales. 

Es de suponer  que el  Consejero de Sanidad y el Viceconsejero para el reto demográfico de la JCCM estarán dedicados en cuerpo y alma a evitar que a esta tierra no le tengan que poner la respiración asistida para paliar el dolor de su fallecimiento. 

No obstante, si tal no fuera el caso, el paisanaje de la Comarca de Molina tiene el derecho vital a existir y a vivir y a defender con uñas y dientes la permanencia de su tierra en unas condiciones dignas. Tiene la obligación de aprovechar a tope sus derechos fundamentales de reunión  y manifestación para forzar una inmediata solución a todo;  y de forma prioritaria, a la cuestión sanitaria.

Sin faltar a los deberes que impone el coronavirus, bien podría hacerse algo que no es nada ecológico, pero que por una vez podría utilizarse. 
Me refiero, a lo mismo que han hecho ya más de una vez los agricultores con sus tractores, organizando una manifestación ( en este caso desde los coches) con pancartas y mucho ruido con altavoces, bocinas, etc y presentarse a dar la barrila a la Delegación de la Junta de Guadalajara, al Ministerio de Fomento en Madrid y ante la sede del gobierno de Castilla La Mancha en Toledo. Es sólo una sugerencia y sólo para tenerla prevista para el caso de que no hubiera ya otra forma de presionar en defensa de los legítimos e inaplazables derechos de la Comarca.

POR LA MÁXIMA IMPLICACIÓN EN LA RECOGIDA DE FIRMAS.

POR LA REUNIÓN E IMPLICACIÓN DE TODOS LOS AYUNTOS DE LA COMARCA.

POR EL APOYO ACTIVO DEL DELEGADO DE SERVICIOS DE LA JCCM EN MOLINA

Coronavirus en Madrid: Protocolo de presuntos delitos de homicidio doloso o de genocidio sobre lo acontecido en las residencias de mayores

Siento verdaderas ansias de que cuánto antes, se imputen, juzguen y vayan a la cárcel las autoridades responsables del presunto homicidio doloso cometido con los contagiados de las inmundas residencias de mayores.

El homicidio doloso está penalizado con cárcel de 10 a 15 años, que me parece poca pena para purgar esta gran crueldad.

Estremecimiento, indignación y horror causa ver los resultados de la trabajada investigación de Manuel Rico en InfoLibre, sobre las residencias de mayores de Madrid, según la cual, un 87% de los muertos por coronavirus en las residencias murieron en ellas, porque tenían prohibido protocolariamente ingresar en un hospital.

No, no fue el azar, quien decidió quienes serían el 13% de los contagiados en las residencias, que podrían ser ingresados en hospitales y quienes serían ese 87% a los que se les prohibiría ingresar en dichos hospitales. Ha sido un PROTOCOLO elaborado por autoridades del gobierno de la Comunidad de Madrid, quienes decidieron cual era esa minoría de mayores contagiados con derecho a ingreso hospitalario y cual era la mayoría a los que se les prohibiría. ¡¡¡QUE HORROR!!!

No sólo han ocurrido estos presuntos homicidios en Madrid. Se sabe también, que en otras CCAA hay más de lo mismo, especialmente, en Cataluña y Castilla-La Mancha, donde según se ha informado, también hubo muchas muertes en varias inmundas residencias de su competencia, que el virus ha puesto al descubierto.

NOTA: El día 6, sábado cuando colgué este texto en el blog , denominé lo ocurrido en Madrid, de presunto delito doloso; pero desde entonces acá he leído y releído muchas veces los artículos de 138 y 607 del código penal y pienso, que es bastante más probable que sea un presunto delito de genocidio. El doloso tiene entre 10 y 15 años de cárcel y el de genocidio más años todavía.