En la anterior te dije, Nicolás, que te explicaría sintetizadamente en una carta las cosas
que hay que suprimir y/o restringir en este país, si queremos unas administraciones
eficaces y decentes -sin corruptelas, privilegios ni clientelismos- a la vez
que rescatar entre tres mil y cinco mil millones euros anuales que ahora van a
parar injustamente a bolsillos particulares, para invertirlos en servicios y
necesidades ciudadanas. Te las resumo:
1) El Senado. El país no está para mantener una
cámara de segundas lecturas, sin
funciones reales, ociosa e inútil. Por otra parte, el número de países con
sistema unicameral, superan en cuarenta a los bicamerales. Además, la supresión
de una cámara después de estar constituida, tampoco es algo nuevo, ya lo han
hecho antes que nosotros Dinamarca, Croacia y Suecia.
2) Las Diputaciones. Son instituciones decimonónicas, no
elegidas por sufragio e innecesarias, porque producen duplicidad en todas las
provincias desde que se crearon las CCAA. Cuando se hizo la Constitución se explicó
que se mantendrían solamente de forma transitoria hasta que se constituyeran las
CCAA para no generar vacío, entretanto. Pero treinta y siete años después, sólo
se han suprimido las de Oviedo, Santander, Murcia, Logroño y Madrid. Los partidos
se resisten a disolverlas porque entre diputados y cargos puestos a dedo,
tienen más de dos mil personas cobrando del erario público. Ya propuso suprimirlas
Rubalcaba y desistió, ante la resistencia del PP y de gentes de su propio
partido, que sentían peligrar su puesto y su sueldo.
3) El entramado de entes
paralelos a las administraciones. Se crearon por miles estos años atrás y, aunque se han
suprimido bastantes ante la crítica de los medios, todavía quedan muchos. Salvo
excepciones, estos entes, empresas o como se las quiera llamar, son injustificables
y afectan a la decencia y la ética pública por varias razones: usurpan tareas
que les corresponden realizar a las administraciones, son entramados opacos y
sin control, suponen un saqueo a las arcas del estado de las que se nutren y son
auténticas redes clientelares, auspiciadas por los mandamases de la política donde
colocan a sus militantes, familiares y amigos.
4) La ayuda pública a
los partidos políticos para sus actividades propias. Los partidos son asociaciones independientes que no
forman parte de las estructura del estado y, por lo tanto, no se les puede
conceder el privilegio de asignarles dinero público para sus gastos propios como
si fueran instituciones. Distinto es otorgarles una cuantía determinada para realizar
las campañas electorales. La financiación de los partidos tiene mucha más miga
de la que parece y es un tema que requiere una carta aparte. La haré cuanto
pueda.
5) Los asesores o personas
de confianza de los cargos políticos, nombrados a dedo.
Cobran del estado sin ser elegidos en las urnas, sin forman parte de las
plantillas de empleados públicos y sin ser necesarios en absoluto, dado que las
administraciones disponen de sus plantillas y de todos los profesionales que
precisan las mismas para realizar todas sus actividades. Estos asesores
dedocráticos son auténticas redes clientelares, puesto que los cargos políticos
los escogen, como es lógico, entre sus militantes familiares y amigos. Debido a
la opacidad existente, nadie ha conseguido hasta ahora saber cuántos asesores dedócratas
hay en el conjunto de las instituciones, ni lo que nos cuestan a los ciudadanos.
El sindicato CSIF, que es el que más ha
intentado aproximarse a las cifras, ha tenido que dejarlo por imposible, sin
terminar el trabajo. Pero lo investigado ya les daba cifras de más de veinte mil
personas y un coste de mil millones de euros al año. La alternativa es clara:
Los políticos que quieran asesores, que
se los ponga y se los pague su partido.
6) Suprimir radicalmente
todos los privilegios de los parlamentarios y gobernantes del estado y autonómicos, tanto
cuando están ejerciendo el cargo, como cuando lo dejan: viajes que no sean
inherentes al cargo que desempeñan, planes de pensiones, sueldos vitalicios, puertas
giratorias, invento de los Consejos Consultivos
de las CCAA…
7) Reducir
el organigrama de todas las administraciones, suprimiendo los departamentos
y altos cargos innecesarios, aplicando criterios de simplicidad, agilidad y
eficacia como se hace en cualquier empresa. A las administraciones les sobran por
las alturas un sinfín de directores, subdirectores, adjuntos, etc y muchos
departamentos superfluos o solapados.
8) Poner
un tope salarial transitorio, solidario y ejemplarizante, de 50.000 euros para
todo el que cobre del erario público, por
el tiempo que dure esta crítica situación de paro y pobreza extrema que
padecen varios millones de personas en
nuestro país.
9) Otras medidas: Acabar con los aforamientos (todos
somos iguales ante la ley), que los cargos del tribunal de cuentas y del poder
judicial no puedan ser nombrados por los políticos, ni la fiscalía tutelada por
el gobierno. Suprimir o cambiar la vía contencioso-administrativa, porque
genera indefensión y es carísimo recurrir.
Debo decirte, Nicolás, por si te pones a echar cuentas, que la
propuesta parte de mantener, en su totalidad, las plantillas de empleados
públicos que prestan sus servicios en las instituciones a suprimir y
reubicarlos en las diversas administraciones; por lo cual, la parte del gasto destinado
a pagar los nóminas de los empleados no debe contabilizarse como ahorro, ya
que, por un sitio o por otro, habrá que seguir pagándoles
También conviene dejar claro, que la forma de hacer los presupuestos
y sobre todo, la absoluta opacidad que existe sobre algunas supresiones de las
que aquí propongo, hace inviable sacar cifras exactas y lo más que han podido
conseguir los estudiosos que se han ocupado del gasto de las administraciones,
han sido aproximaciones; pero no cifras rigurosas. Por eso, para no equivocarme,
me he movido, Nicolás, en una horquilla tan amplia (entre tres mil y cinco
mil millones de euros), aunque yo creo
que el global del gasto que se suprimiría se aproxima más a la parte alta de la
horquilla, que a la baja y, además, posibilitaría que las administraciones
funcionaran de una forma mucho más eficaz y decente.
De esta carta se desprenden algunas reflexiones de gran
importancia, acerca de quién pude llevar a cabo estas medidas y cómo, y qué
pasaría si gobernara un partido nuevo y no se toman. Las tendrás enseguida en la carta siguiente
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